La economía española ha empezado a recuperarse lentamente durante el segundo semestre de 2013. Con un aumento del PIB del 0,4% en el primer trimestre de 2014, duplicó su crecimiento del trimestre anterior y sigue ganando fuerza. Unas exportaciones sólidas y una mejora considerable de las condiciones del mercado financiero incrementan la confianza de la cuarta mayor economía de la zona euro, teniendo como consecuencia el crecimiento del consumo privado y de la inversión empresarial. Esta tendencia es esperanzadora de que la tasa de desempleo del 26%, la aceleración de la inflación, el déficit presupuestario (el 94% del PIB) y la demanda nacional pronto comenzarán a recuperarse también. No hay duda de que la crisis financiera ha golpeado muy fuerte a España y al sur de Europa en general. La presión de las empresas para conseguir resultados ha sido inmensa. Para las empresas deseosas de mantener ingresos y niveles de rentabilidad similares a los de antes de la crisis, esto podría haber llevado a una voluntad de asumir más riesgos.
Con un ritmo más elevado de crecimiento en la economía española, el incremento de regulación en un sistema jurídico ya de por sí complejo y costoso, la dependencia en la economía mundial y la mayor presencia de la tecnología, nunca han sido mayores las posibles exposiciones al riesgo para las empresas y sus empleados:
La contracción del crédito y la recesión económica han provocado un crecimiento mundial del número de demandas de responsabilidad directiva de las entidades financieras, sobre todo contra sus directivos y gestores. En España esta mayor necesidad de cobertura de responsabilidad civil de consejeros y directivos también fue el resultado de una enmienda del Código Penal en 2010, que autorizaba a las autoridades a reconocer a las empresas no estatales como responsables de los delitos cometidos por sus directivos y empleados. La respuesta del mercado a este nuevo Código Penal ha sido el desarrollo de una cláusula de extensión de cobertura, llamada "gastos de defensa de la entidad en caso de procedimiento penal", y que suele ser una cobertura sub-limitada. Las compañías de seguros cobran una prima adicional por esta cobertura y se concede estudiando cada caso de forma individual. Tanto los administradores de empresas como los gestores de riesgos están cada vez más sensibilizados con los posibles escenarios de responsabilidad que aparecen a consecuencia de esto.
Aunque un estudio realizado por el diario Expansión dice que la facturación global del sector legal español ha crecido un 8,24% desde el inicio de la crisis económica en 2009, en ese mismo período se ha observado la desaparición de muchos despachos de abogados más pequeños, debida principalmente a la reestructuración y la consolidación en firmas más sólidas. En todo caso, la concentración del mercado obligó a los bufetes de abogados a reducir su plantilla, lo que podría implicar que más personas tengan que gestionar la misma carga de trabajo o incluso más, que los abogados menos experimentados representen una mayor proporción en los equipos de trabajo. Como consecuencia, Errores y Omisiones pueden ser más frecuentes, sobre todo ahora que se espera que el nivel de actividad en el sector legislativo crezca gracias al desarrollo económico positivo.
En 2012, los cambios aportados a la legislación española redujeron el coste de despido a los empleados. En vez de dar 45 días de sueldo por cada año trabajado, ahora las empresas solo tienen que compensar 20 días por año. Aunque son noticias bien recibidas por las empresas, actualmente muy afectadas por la situación económica, se predice que como consecuencia de estos cambios, aumentará el número de empleados que emprendan acciones judiciales por despido improcedente, y con ello la presión en la las pólizas de responsabilidad civil de consejeros y directivos.
En su estudio del Coste de la Filtración de Datos de 2014, IBM y Ponemon concluyen que el coste total medio de una filtración de datos para las empresas participantes incrementó un 15% hasta alcanzar 3,5 millones de dólares. El nivel de riesgo de ciberataques en España es muy alto, aunque el gobierno está tomando medidas para reducirlo; el año pasado implementó una Estrategia de Seguridad Nacional. Según el director del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (Inteco), Michael Rego, a lo largo de 2013, en España se denunciaron más de 7.000 fallos de seguridad, la mayoría “acciones malintencionadas" (malware en lenguaje técnico). En un mundo en que la tecnología es cada vez más esencial, se han desarrollado seguros específicos de Responsabilidad Cibernética y Protección de Datos para proteger a los clientes contra los riesgos emergentes de este campo.
Gracias a la confianza renovada en la economía española, se ha puesto en marcha una recuperación paulatina pero constante en la actividad de Fusiones y Adquisiciones (M&A). Según los registros de transacciones, en el tercer trimestre de 2013, el mercado de M&A español creció un 28% comparado con el año anterior hasta alcanzar los 9,5 mil millones de euros. El mercado duplicó su valor en euros de un trimestre a otro, superando las transacciones de países como Italia o Francia, y terminando casi a la par con países que se consideran más activos como Alemania, Bélgica, Países Bajos y los países nórdicos. Además, la creación de nuevos fondos de inversión ha aumentado la liquidez del mercado, fomentando contratos mayores. Y las empresas españolas han ampliado su actividad en el extranjero, creciendo en Europa del Este, China y Latinoamérica. Tampoco debemos olvidar el aumento importante del apalancamiento bancario de adquisiciones, que ha impulsado el mercado financiero de adquisiciones. Dado que en general los procesos transaccionales conllevan riesgos complejos, puede que sea necesaria una solución de seguros de M&A a medida para estos contratos importantes.
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