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Para muchas empresas españolas, la apertura a nuevos mercados fuera de España ha resultado ser una senda fructífera hacia el crecimiento rentable.

Cuando la economía española y la de gran parte del mundo cayeron en picado en 2008, las empresas españolas iniciaron su expansión hacia otros mercados, en un intento de esquivar las dificultades a las que se enfrentaban en su país. Esta expansión internacional no se limitó a un puñado de grandes corporaciones: las pequeñas, medianas y grandes empresas de multitud de sectores buscaron también su oportunidad fuera de España. Muchas de estas empresas centraron sus inversiones en Latinoamérica, una región con una economía relativamente estable en aquel momento. Trataban, además, de aprovechar los vínculos históricos que unen a España con Latinoamérica.

Sin embargo, la expansión al otro lado del Atlántico añade una nueva dimensión al panorama de riesgos de cualquier empresa. En particular, es imprescindible que las empresas con operaciones internacionales comprendan y cumplan un complejo entramado de leyes y normativas de los países en los que desarrollan sus negocios. Deben estar preparadas también para satisfacer requisitos legales y regulatorios cada vez más exigentes en multitud de ámbitos, tal y como marca la tendencia mundial en los últimos años. Sin embargo, conviene destacar que los EE. UU. se están decantando actualmente por un enfoque diferente.

Un ámbito en que lo anterior resulta especialmente importante es el de gobierno corporativo. Tras 2008, los consejos de administración, incluidos los directivos y administradores particulares, comenzaron a verse sometidos a una vigilancia cada vez más estrecha en distintos frentes.

Además, las empresas que se expanden hacia nuevos territorios suelen llegar a la conclusión de que la administración por separado de las pólizas a nivel internacional plantea más desafíos y puede resultar menos rentable.

Estos dos factores —los cambios de marcos legales/regulatorios y el aumento de las cargas administrativas— explican por qué cada vez más empresas multinacionales, incluidas las de tamaño medio, recurren a programas de seguros globales para gestionar el riesgo en sus operaciones por todo el mundo.

A la luz de esta evolución, no debe sorprendernos que la cobertura para directivos y administradores locales a través de un programa global resulte una opción cada vez más atractiva para las empresas multinacionales.

Diferencias regionales

Aunque la tendencia global apunte hacia requisitos de gobierno corporativo cada vez más estrictos, los casos y las respuestas varían en función de los distintos países o regiones.

En la UE y Suiza, por ejemplo, la notoriedad que han alcanzado algunos casos ha colocado en el punto de mira a los consejos y a sus miembros particulares en relación con distintos aspectos del gobierno corporativo, incluidos el cumplimiento regulatorio y la composición del consejo.

En Latinoamérica, la situación es algo distinta. A raíz de importantes escándalos de corrupción, algunos de ellos con empresas multinacionales de renombre implicadas, los supervisores de México y Brasil han mostrado una actitud mucho más agresiva en la persecución de empresas y particulares. Las acusaciones relacionadas con la corrupción, las leyes antimonopolio o el tráfico de información privilegiada suelen suponer una defensa más costosa, dado que abarcan aspectos generalmente muy complejos. Además, el número de abogados expertos con experiencia en estos temas es más limitado, por lo que sus tarifas tienden a ser más elevadas.

Las demandas colectivas son otra área en que los directivos y los administradores corporativos están sometidos a una gran exposición. Suelen exigir tiempo, esfuerzos y costes considerables, por no hablar del impacto negativo que la publicidad puede tener sobre la imagen y la reputación de la empresa. Las demandas colectivas, antes restringidas al ámbito de los EE. UU., están aumentando rápidamente en la UE. (También se registran niveles de récord en los EE. UU.). Muchos países latinoamericanos están admitiendo ahora también litigios de demandas colectivas, bien sea de jure o de facto.

Por último, para las pequeñas y medianas empresas de cualquier mercado, la insolvencia sigue siendo un factor clave de las demandas contra directivos o administradores particulares. Cuando dichas empresas se declaran en bancarrota, los acreedores (incluidos los gobiernos estatales/federales que demandan las contribuciones sociales impagadas) suelen fijar su objetivo en los activos financieros personales de directivos y administradores.

Ventajas principales

Sean cuales sean los aspectos específicos subyacentes a los requisitos de gobierno corporativa en las distintas regiones/países, los directivos y los administradores particulares son sensibles a la necesidad de disponer de protección en caso de que se inicie una acción legal/regulatoria. Habitualmente, se trata de un requisito previo a la hora de aceptar el puesto.

Con los directivos y los administradores cubiertos por un programa global, los clientes pueden optimizar costes más rápidamente, al tiempo que sostienen su estrategia general de gestión de riesgos corporativos.

Además, los aseguradores con mucha experiencia en los programas globales suelen disponer de procesos y sistemas centralizados que mejoran las eficiencias operativas. Igualmente, cuentan con el apoyo de aseguradores locales (operaciones propias o redes de socios) que son expertos en las prácticas de mercado, las leyes y las normativas del país.

Esta estructura de operaciones globales/regionales en la que existe una colaboración estrecha con los expertos locales resulta especialmente relevante para los riesgos de directivos y administradores. Cuando surge un problema de gobierno corporativo en un país que puede afectar a los directivos y administradores, el equipo de reclamaciones del mercado local del cliente puede coordinar la estrategia y abrir rápidamente vías de comunicación con todos los implicados. Al mismo tiempo, los expertos locales son capaces de interpretar los aspectos legales relevantes y establecer contacto con los abogados y asesores idóneos para el caso específico.

No obstante, cubrir los riesgos de directivos y administradores a través de un programa global tiene un pero: a menudo se precisa de un análisis y una preparación adicionales en el contacto con el cliente para garantizar que el programa para directivos y administradores se ajuste a sus objetivos en todas las jurisdicciones. En primer lugar, la póliza master debe redactarse con criterios amplios, de forma que permita reflejar los requisitos de gobierno corporativo específicos de distintos países. Incluso así, las leyes/normativas de algunos países pueden requerir de una póliza local que cubra ciertas lagunas en la póliza master. Como consecuencia, no es excepcional que la póliza master global se complemente con pólizas locales en determinados países, a fin de garantizar la coherencia y fijar límites y condiciones adecuados en todo el programa.

A pesar de este inconveniente, las ventajas, incluida la perspectiva centralizada para la gestión de riesgos, son frecuentemente considerables. Cualquier directivo o administrador particular que trabaje en distintos países puede asegurarse de disponer de la protección adecuada llegado el momento.

Ulysses Grundey es Senior Underwriter en el equipo International Professional Lines. Trabaja en Madrid y su dirección de correo electrónico es Ulysses.grundey@xlcatlin.com.